La absolución y libertad del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, proferida por la Corte Suprema de Justicia en el mes de diciembre de 2015, luego de haber sido condenado por el juez María Stella Jara a 30 años de cárcel, plantea la urgente necesidad de revisión de los principios de autonomía e independencia judicial y de determinación de errores por esta naturaleza que le hacen un daño profundo a la justicia.
Reconoció la juez María Stella Jara el 16 de diciembre de 2015 en declaraciones dadas al Tiempo ya Blu Radio que: «pudo haber cometido errores «en uno de los casos más difíciles que ha tenido». Si bien es cierto que no se puede predicar la infalibilidad en el ser humano, también es cierto que vale la pena analizar qué pudo haber conducido un error tan garrafal. Lo primero que debe reprocharse duramente, es la actuación de la Fiscalía General de la Nación a través de su delegación para el proceso contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, la fiscal Ángela María Buitrago, quien se le atribuye la “fabricación” De una serie de pruebas testimoniales y documentales que indujeron a la juez a hacer una valoración equivocada. Cabe recordar que el ex general fiscal Guillermo Mendoza Diago, el 25 de septiembre de 2010, dio unas declaraciones públicas en el diario el Espectador descalificando el trabajo y la competencia profesional de la citada fiscal, razón por la que se desvinculada de la Fiscalía General. Lo segundo: el caso del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue de altísima notoriedad médica y eso, desde entonces, provocó una presión permanente de orden extrajurídico que tiene un gran peso al momento de fallar y mucho más tratándose de un caso emblemático e histórico en la vida política y democrática del país, como lo es la toma del Palacio de Justicia, que fue objeto de lobby judicial y político de los grupos ideológicos de derecha e izquierda. Hubo tanta presión ejercida sobre el juez María Stella Jara que en noviembre 23 de 2015 confesó en Blu Radio que sufrió en “suicidarse”.
El sistema judicial requiere de jueces independientes, imparciales y competentes, que asuman en estricto derecho la responsabilidad de fallar acorde con las pruebas, el debido proceso y en derecho.
El más grande daño que se le está haciendo a la justicia y que conduce a esos “errores”, con la complacencia de los operadores judiciales, en algunos procesos, han sido los falsos testigos estimulados en muchos casos por los fiscales para obtener beneficios y en su afán de ofrecer resultados positivos a la opinión pública para enviar un mensaje de (falsa) justicia; allí los jueces han sido, no todos, permisivos y poco rigurosos en su valoración probatoria. Todo en conjunto explica parte de la crisis del sistema penal acusatorio , la violación sistemática de DDHH fundamentales como la libertad, el debido proceso, la presunción de inocencia, etc.; que, dicho sea de paso, tiene el sistema penitenciario colapsado con detenciones preventivas; si bien se le atribuye a la Fiscalía General por aplicar una línea de política criminal basada en el populismo punitivo, ha encontrado sus mejores aliados en los jueces para llevarla a cabo, el juez termina siendo un apéndice del fiscal- salvo contadas excepciones- y basta ver que cuando se apartan de la línea de la fiscalía, terminan los jueces siendo denunciados y presionados por la misma fiscalía, como en el caso de la Juez Teresita Barrera. Es hora de hacer un llamado al Congreso de Colombia y dar un paso adelante en materia de responsabilidades. Hay ejemplos a seguir; el Congreso de Perú, en donde se está tramitando el proyecto de ley 5004 de 2015 CR, «mediante el cual se establece la indemnización y responsabilidades por los errores judiciales en las actuaciones indebidas de fiscales y jueces en los procesos penales y detenciones arbitrarias», es la única manera, de una parte, de impulsar la independencia e idoneidad en los jueces, y el respeto por el debido proceso en un sistema penal acusatorio, en donde una de las partes, como es la Fiscalía, no puede contaminar, ni presionar a los jueces para que le fallen según su teoría del caso y, de otra parte, proteger los recursos públicos afectados por las demandas de los ciudadanos, que ascienden a 16 billones de pesos, producto de las arbitrariedades de la Fiscalía y operadores de la justicia que han afectado a cientos de colombianos quienes demandan su reparación e indemnización con todo derecho.