Del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 Modalidad: Presencial (Bogotá) y Virtual Fortalezca sus competencias para abordar las entrevistas que desde la psicología le son practicadas a quien se considera víctima de violencia sexual. Dirigido a: Psicólogos Abogados Penalistas Criminalistas Entidades de protección a la mujer Inscripción

Hacemos extensiva la invitación Invitación al evento convocado por la Cámara de Representantes de Colombia en alianza con el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia  y el Centro de Estudios Latinoamericano CESJUL sobre el Derecho Penal a la luz de los 30 años de la Constitución Política. Acompáñennos a través del canal de YouTube el …

Dignidad humana y Población Privada de la Libertad Leer más »

Litigio Virtual :
Para tocar este punto, se hará desde dos aristas.
1. Cómo estamos En Colombia tecnológicamente de cara a la crisis que por cuenta de la pandemia ha padecido la Justicia.
2. La equivalencia funcional que enfrenta el proceso Penal con una implementación tecnológica improvisada
Para analizar el panorama tecnológico, vale decir que Colombia cuanta con reglamentación que exige la aplicación de tecnología avanzada por parte de la rama Judicial en la justicia, eso lo vemos reflejado desde la Ley 270 de 1996, en igual sentido, contamos con la ley 527 de 1999 la cual define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. La ley 906 de 2004 en su art. 146 (registro de la actuación) permite la realización de audiencias a través de medios telemáticos (Telefonía móvil. GPS., Redes de área local, Internet., Mensajería instantánea. El consejo superior de la Judicatura mediarte el ACUERDO No. PSAA06-3334 DE 2006 Reglamentó el manejo y alcance del menaje de datos.
El C.E.P.A., Art,59, nos refiere el expediente electrónico en temas administrativos y procesales administrativos. (El CGP, Art. 103) En el artículo 103 del Código general del proceso se ordena el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Realidad:
Con la legislación citada hasta el momento y de frente a la forma reactiva en que nos impuso la COVID.19 la justicia virtual; lo único cierto es que en Colombia, como en todo, la realidad dista de la Ley. De lo reglado ¿Qué tenemos en la práctica?
1. El expediente electrónico, brilla por su ausencia. No podemos pretender que escanear unos documentos es digitalizar el expediente, ya que el expediente electrónico está compuesto de:
a. Archivo Electrónico
b. Foliado Electrónico
c. Índice Electrónico
d. Firma de índice electrónico
e. Metadatos del expediente
2. No todo es malo, la Rama judicial cuenta (recursos) con:
a. un contrato realizado en 2017 con Microsoft Office 365 con el que realizó hacia el año 2018 pruebas pilotos en 4 juzgados, y hoy es utilizado por algunos de sus funcionarios.
b. La plataforma para audiencias virtuales Polycom RP1
c. Aplicativo web de firma electrónica credo el 18 de junio de 2020

3. Respecto del segundo punto, las dificultades que enfrenta el proceso Penal con una implementación tecnológica improvisada: considero relevante referirme al principio de equivalencia funcional, ¿Por qué? Porqué los efectos jurídicos y probatorios deben ser los mismos, respecto de lo que se haga en forma virtual que cuando los realizamos por medio físico o en forma habitual. Así lo prevé el art 5 de la Ley 527 de 1999 que mediante el PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA FUNCIONAL estipuló de manera amplia y suficiente los efectos jurídicos y la fuerza obligatoria a las actividades en línea.

Acá surge el primer interrogante: ¿Tenemos una entidad que maneje los servidores donde se almacena y se procesa la información del sistema judicial en Colombia? A menos que yo esté desinformada, No, no existe. ¿Eso qué significa? Que toda la información que se ha venido ventilando por estos días a través de las plataformas virtuales es de dominio público, no está protegida contra el hackeo, no tenemos garantía de que esta información esté debidamente encriptada. La nube no puede ser el respaldo de la justicia.

Dentro de este contexto, atendiendo que en las audiencias preliminares la producción de prueba es escasa, voy a referir al Juicio Oral, La no existencias de un respaldo serio y garantizado de la información que está transmitiendo en forma virtual hace que sea imposible garantizar:
1. La autenticidad
2. La integridad y la procedencia de los datos trasmitidos,
3. El cifrado de los mismos.
Aclaro que esta afirmación no parte de presumir la fe de los intervinientes en el proceso penal. La misma está sustentada en lo que ya manifesté anteriormente, la información en este momento está viajando y siendo depositada a través de plataformas públicas, esto permite a cualquier persona no autorizada manipularla, descifrarla, en fin… El reto acá, es lograr unificar y centralizar la información en un espacio confiable.
¿Dónde se están conservando los registros de las audiencias? Con los inconvenientes planteados, no debe hacerse a través de plataformas públicas.

Ya para terminar, Los anchos de banda para multimedia, no ofrece garantía de estabilidad en la comunicación, y no es igual para todos los que tienen la posibilidad de acceder a ella. En este punto hay dos observaciones:
1. Para garantizar los principios de inmediación y de contradicción es necesaria una comunicación, en cuanto a conectividad, optima durante el desarrollo del juicio. Esto demanda un ancho de banda que mejore la velocidad de transmisión multimedia.
2. Esa falta de conectividad no puede ser óbice para que durante las audiencias, desde el Juez, intervengan con el video activo. He visto muchas audiencias en las que no se ve el rostro de quien está interviniendo.

El delito de violencia intrafamiliar se encuentra contenido en el Artículo 229. del código Penal colombiano.

“El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años, o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad.

Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, Títulos I y IV del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los diez (10) años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo.

PARÁGRAFO 1o. A la misma pena quedará sometido quien sin ser parte del núcleo familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo contra.

a) Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado.

b) El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor.

c) Quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta.

d) Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad.

PARÁGRAFO 2o. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo.”

La asociación argentina de mujeres Penalistas invita a participar del evento que tendrá lugar el día 16 de junio, donde participará por Colombia la Dra. Luisa Liliana Gutiérrez H.

Con la adopción del sistema penal acusatorio se dio paso a la trasformación del Código Penal y de Procedimiento Penal, éste último modificado por la Ley 906 de 2004 . En ella se establecieron y fijaron, entre otras, las competencias del Instituto Colombiano de Medicina legal y Ciencias Forenses respecto de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Con posterioridad, se expidió la Ley 1652 de 2013, orientada a reglamentar la práctica de las entrevistas forenses para los menores de edad, cuando hayan sido víctimas de posibles de delitos sexuales. Según el art. 2 literal d: la entrevista debe ser “realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en entrevista forense en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del cuestionario por parte del Defensor de Familia sin perjuicio de su presencia en la diligencia. En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la autoridad competente le corresponde adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la intervención de un entrevistador especializado”
De otra parte, el legislador a través la Ley 1652 de 2013 adicionó el artículo 275 de la Ley 906 (2004), otorgando a la entrevista forense realizada a Niños, Niñas y Adolescentes -como posibles víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales- el carácter de “elemento material probatorio”. Asimismo, previó la posibilidad legal de poderla incorporar o aducir en el juicio oral, mediante el profesional de la psicología o la persona del cuerpo técnico de la Fiscalía General de la N ación que entrevistó y valoró a la víctima. De acuerdo con el literal f) del nuevo artículo 206A de la Ley 906 (2004), el profesional: “podrá ser citado a rendir testimonio sobre la entrevista y el informe realizado ”.

Por lo tanto, la entrevista forense realizada a víctimas, es especial, los Niños, Niñas y Adolescente, de aquellos delitos que afectan la libertad e integridad sexual, es el recurso con que cuenta la Fiscalía para conseguir información precisa y confiable sobre: él o los sujetos activos, los posibles testigos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acaecieron los hechos en el marco de las investigaciones. La entrevista tiene como exigencia respetar la prevalencia de los derechos del menor, e implica la obligación de respetarlos. Por lo tanto; el procedimiento para la realización de las entrevistas forenses cuenta con unas características especiales y su práctica debe ajustarse a lo previsto en la Ley 906 de 204, artículos 205, 206 y 206A adicionado por la Ley 1652 de 2013. En igual sentido; debe cumplir con lo previsto en los artículos 32, numeral 8 de la Ley 1448 de 2011 y el 13, numeral 9, de la Ley 1719 de 2014 .
A su turno, deben ser consideradas las normas que regulan la recepción de testimonios de Niños, Niñas y Adolescentes, reguladas en los artículos 206-A y 383 de la Ley 906 de 2004, así como lo dispuesto en el artículo 150 de Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y Adolescencia). Estas normas exigen que el sujeto que realiza la entrevista garantice la idoneidad de la comunicación con la víctima, atendiendo las características del delito investigado.